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Denuncian a la Municipalidad de Garupá por violencia y hostigamiento

08/04/2018
Denuncian a la Municipalidad de Garupá por violencia y hostigamiento

Las 50 familias que viven en el barrio Malvinas de la localidad de Garupá, sienten que la Justicia les resulta esquiva. Después de las amenazas, intentos de desalojo y violentos hostigamientos que sufren desde el 9 de marzo en adelante, por parte de la directora de Tierras de la Municipalidad de Garupá, Herminia Melgarejo, junto a policías de la Dirección de Tránsito municipal, y de varios efectivos policiales, un grupo de vecinos acudió a la Comisaría de Garupá y se negaron a recepcionar sus denuncias.
Este viernes se presentaron con igual intención a la Fiscalía de Instrucción Nº1 de Posadas, y recibieron la misma negativa.
Sin embargo el martes fueron recibidos como corresponde en la presentación que hicieron al Ministerio de Derechos Humanos, y a la Subsecretaría provincial de Tierras, buscando interiorizarse sobre el estado de los terrenos que ocupan, después que la crisis económica dejó a muchos sin trabajo y con escasas posibilidades de pagar un alquiler.
A raíz de la actitud de la Fiscalía de negarse a tomar la denuncia, el presidente del Bloque de Diputados del Partido Agrario y Social, Martín Sereno, remitió una nota al Procurador General del Superior Tribunal de Justicia, Miguel Ángel Piñeyro, expresando su inquietud por el proceder de una funcionaria judicial de la Fiscalía Nº1 que dirige la doctora Amalia Spinnato.
"Me preocupa profundamente lo ocurrido el 5 de de abril del corriente año en la Fiscalía de Instrucción 1, a cargo de la doctora Spinnato, quien como titular de la misma debería tomar medidas ante la negativa de la secretaria de la Mesa de Entradas de recibir una denuncia a dos ciudadanos que residen en Garupá.

Argumentó que los hechos "no configuran delito"
En el documento, el diputado explica que este jueves, Walter Ríos y Ramón Benítez, domiciliados en barrio Malvinas de Garupá, "se acercaron a la Fiscalía Nº1 acompañados por uno de mis secretarios, para realizar una denuncia sobre diversos hechos de amenazas, hostigamientos y abuso de autoridad perpetrados a principios de marzo y durante varios días, por funcionarios de la Municipalidad de Garupá, entre ellos la directora de Tierras, Herminia Melgarejo, y efectivos de la Comisaría del mismo municipio".
Sin embargo en la Mesa de Entrada, una mujer a quien suponen es secretaria de la Fiscalía, al narrarle los hechos, los desestimó argumentando que lo que pretendían denunciar "no configura un delito".
"A pesar de las insistencias de Ríos y Benítez para ejercer su derecho a denunciar las amenazas sufridas, y que en definitiva sea el Juez quien intervenga o la Fiscal quien rechace por escrito bajo los fundamentos legales que estimen correspondiente, como se enmarca en el ordenamiento legal vigente en nuestra provincia, no fueron escuchados en la Fiscalía, lo que consideramos es una falta a su deber", indicó.
El legislador recordó que estos ciudadanos se presentaron a denunciar en esa Fiscalía, porque en los días previos habían intentado hacerlo en la Comisaría del Municipio de Garupá, y tampoco les fue aceptada por el oficial a cargo con otros argumentos, y probablemente también porque la denuncia afectaría al accionar de efectivos de dicha Comisaría.
Esta irregularidad fue expuesta por los dos vecinos a la persona que los recibió en la Mesa de Entrada de la Fiscalía, en Posadas, y ella respondió que "probablemente en la Comisaría no les tomaron la denuncia porque no configuraba un delito". Es decir nuevamente esta persona se constituye en Jueza, Defensora, Fiscal y parte sin siquiera aceptar que hagan la denuncia", reclamó.

Ciudadanos desprotegidos
En la nota enviada al Procurador -con copias al Ministerio de DD HH y al secretario general de Acceso a la Justicia, Derechos Humanos y Violencia Familiar, Carlos Oudín- el diputado Sereno expresa: "Entiendo que como los hechos que pretendían denunciar los vecinos, ocurrieron durante en marzo del corriente año, a la Fiscalía 1 solo le correspondía tomar la denuncia, y remitir la misma a la Fiscalía en turno al momento de los hechos que se intentaba denunciar, ya que la Fiscalía Nº 7 era quien se encontraba de turno durante ese mes".
Es decir "no solo considero que no corresponde al funcionario público que atendió a los ciudadanos hacer un juicio acerca de la calidad de la denuncia que pretendían realizar, sino que además ni siquiera era competencia de dicha Fiscalía juzgar tal cuestión", señala.
El legislador reiteró su preocupación acerca de que un funcionario público tenga personal en la Mesa de Entradas que obedezcan instrucciones de sus superiores, y procedan a indagar en los hechos, y no en asegurar el legítimo derecho a denunciar una situación en la que los ciudadanos consideran que fueron violentados.
"Sumado a la gravedad que implicaría para nuestras instituciones que dichas denuncias fueran juzgadas como verdaderas, con la sensación de desprotección en la que se deja a ciudadanos que concurren a una Fiscalía a solicitar se tengan en cuenta sus denuncias, máxime cuando las mismas ya fueron rechazadas por otros funcionarios competentes".
El diputado solicitó al doctor Piñeyro, que tome intervención como jefe máximo del Ministerio Publico, para que las Fiscalías de Instrucción garanticen a todos los ciudadanos el legítimo derecho a realizar denuncias, cuando consideren afectados sus derechos, y se acepte el trámite legal que establece el Código de Procedimientos pertinentes", destaca el documento del Bloque de Diputados del PAyS.